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Pánico en El Boquerón por incendio de vehículo en la vía
Pánico en El Boquerón por carro en llamas que por poco impacta una flota con pasajeros
El vehículo rodó hasta chocar con otro que estaba estacionado en medio del trancón. Por fortuna, no hubo personas heridas.
El incidente se presentó en la zona conocida como el Alto de Canecas.
Los socorristas que llegaron al punto lograron evacuar a las personas del vehículo de servicio público, que se dirigía a Bogotá.
Mientras algunos corrían por la vía, otros buscaron salvar sus maletas de viaje.
Autoridades buscan determinar por qué el vehículo, que terminó reducido a cenizas, se incendió.
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Cuenta regresiva para el ajuste presidencial
Arango, quien se venía desempeñando en la cartera de Trabajo, le corresponderá liderar la cartera política, en la que reemplaza a Nancy Patricia Gutiérrez, quien se mantiene en el Gobierno pues asumirá, el mismo día, el rol de Consejera Presidencial para los Derechos. Con estos anuncios, están vacantes los ministerios de Salud, tras renuncia de Juan Pablo Uribe en diciembre pasado, y de Trabajo. Otro cargo que también deberá ser ocupado es la embajada de Colombia en Estados Unidos, tras la renuncia de Francisco Santos, a mediados de enero, por motivos personales.
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Noticias de Interés
- Comité hizo nueva convocatoria de paro nacional el próximo 25 de marzo.
- Tribunal impone nuevas condiciones sobre el fracking.
- Colombia está preparada para afrontar coronavirus: Minsalud.
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Titulares De Prensa
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Otros Titulares de Interés
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Resumen Operativo Y Novedades
BOGOTÁ
- Las nuevas amenazas que trae el consumo de drogas en Bogotá.
- Médico que mató a tres presuntos ladrones tendría que pagar multa.
Alias Martín Sombra fue enviado a la cárcel La Picota en Bogotá.
- Comienzan comparendos pedagógicos por restricción de vehículos de carga en Bogotá.
ANTIOQUIA
- Reportan la muerte de un militar en Ituango.
- 300 personas han sido capturadas este año por hurto en Medellín.
ARAUCA
- Atentan contra estación de Policía en Fortul, Arauca.
- En Cravo Norte cayó “candado” presunto responsable de atentado a CAI en Arauca.
ATLANTICO
- Capturan a controladora aérea señalada de dejar pasar grandes cargamentos de droga.
BOYACA
- Policía de Boyacá mantiene alerta para prevenir acciones del ELN.
CAUCA
- Otro guardia indígena asesinado en el norte del Cauca.
NARIÑO
- Se agrava crisis por desplazamiento forzado en Nariño.
NORTE DE SANTANDER
- Roban vehículos de empresa de energía en el Catatumbo.
- Alerta por plan Pistola en Norte de Santander.
QUINDIO
- Transportadores carga reportan retrasos y sobre costos por cierres La Línea.
SANTANDER
- Descubren explosivos que eran transportados dentro de un bus en Santander.
VALLE DEL CAUCA
- Liberan agricultor que había sido secuestrado en el norte del Valle.
- Indagan si ciudadano irlandés fue secuestrado por narcos en Colombia.
- Comandante dice que los 'baby carteles' son la nueva amenaza de Cali.
- Incautan una tonelada de cocaína en Buenaventura.
- Enero cerró con 91 muertes violentas en Cali, 18% más que en el 2019.
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Desde el Centro Democrático proponen revisar decreto que prohíbe porte de armas
El representante a la Cámara Christian Garcés dijo que el caso del médico que abatió a tres presuntos delincuentes abre el debate para revisar la norma pues, dijo, se estaría vulnerando el derecho a la legítima defensa. En Colombia, tres de cuatro homicidios se perpetran con arma de fuego.
Duque ha prorrogado la normatividad que en diciembre de 2015 comenzó a implementarse en Colombia -bajo la directriz del entonces presidente Juan Manuel Santos- y que prohíbe, de manera expresa, el porte de armas con el objetivo de reducir el número de homicidios en el país.
De acuerdo con cifras de Medicina Legal, el año pasado en Colombia perdieron la vida de forma violenta 11.630 personas, de las cuales 8.640 fueron ultimadas con armas de fuego. Lo anterior indica que tres de cada cuatro homicidios en 2019 se perpetraron con armas de fuego, con todo y que existe un decreto que prohíbe su porte en el territorio nacional. Sin embargo, a raíz el debate desatado por un médico que disparó y asesinó a tres hombres –que, al parecer, intentaron robarlo–, desde el Centro Democrático se propuso revisar la restricción.
La controversial propuesta fue elevada por el representante a la Cámara Christian Garcés, quien solicitó al presidente Iván Duque instalar una mesa de trabajo para revisar la norma, la cual el propio mandatario prorrogó el 31 de diciembre pasado y que está ideada para salvaguardar el derecho a la vida, dejando la expedición de salvoconductos (excepciones a la prohibición) en cabeza de las Fuerzas Militares.
“Solicito al Gobierno que se revise el decreto que reglamenta el desarme en Colombia, el cual ha mantenido Duque prácticamente en las mismas condiciones de fondo que el decreto que expidió el expresidente Juan Manuel Santos y que restringió de manera excesiva el porte legal de armas. Se está vulnerando el derecho a la legítima defensa, como es el caso del debate generado por el médico en el que,imosamente, murieron tres personas, pero que eran delincuentes que amenazaron su vida”, argumentó el congresista.
Según Garcés, frente al porte de armas hay “restricciones grandes”, por lo que se requiere que haya garantías para “tantas personas honestas que generan trabajo en nuestro país”, a quienes supuestamente el Ejecutivo les está vulnerado el derecho a la legítima defensa.
“El médico no tendría derecho a un porte especial debido a las restricciones tan grandes que genera el decreto. Una persona como este médico, que todos los días tenía que pasar por un sector oscuro donde no había garantías, demuestra que se le viola el derecho a la legítima defensa a personas (no todas, sino a un grupo), que temen por su vida y deben tener el derecho a portar un arma”, agregó el representante.
El debate sobre el porte de armas lo desató el caso de un médico que en la noche del pasado jueves disparó y asesinó a tres hombres que, al parecer, intentaron robarlo sobre el puente de la calle 121 con carrera Novena, en el barrio Santa Bárbara, en el norte de Bogotá.
Hernando Benavides, abogado del galeno, explicó que este fue víctima de una agresión injusta. “Él sale de su lugar de trabajo, donde estuvo hasta las 10:00 de la noche (...) cuando subía al puente se dio cuenta que tres personas se bajaron de un carro. Más adelante lo hieren y él se defiende con los desafortunados resultados para la vida de estos señores”, dijo a Blu Radio, insistiendo en la tesis de la legítima defensa.
El abogado explicó que el médico usó el arma con todos los nueve tiros que llevaba “razón por la que debió alejarse del lugar, porque estaba incomunicado. En segundo lugar había otra persona que estaba con los delincuentes y estaba en el carro”, dijo Benavides quien agregó que el médico resultó herido en el rostro, en el pecho y en la rodilla, producto de un forcejeo. “A él también le disparaban y lo agredieron con arma cortopunzante y lo quisieron someter para seguramente llevarlo al carro porque eso fue lo que dijo alguno
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'Gobierno no puede decir que debemos encerrarnos en la casa para estar seguros': Pastor Alape.
Por falta de garantías de seguridad, exguerrilleros en Ituango aceptaron el traslado de su espacio de reincorporación a un lugar en donde su vida no peligre. Ante esto, el delegado de la FARC para velar por ese proceso manifestó que, más allá de esa decisión, el Gobierno debe aplicar una política clara para que los territorios no sean amedrentados por armados.
Pastor Alape afirma que si no hay libre movilidad sin miedo, no hay seguridad. Pide al Gobierno que implemente una política clara en la que el control del territorio ayude a apaciguar las acciones de los actores armados en contra de los exguerrilleros. Mauricio Alvarado- El Espectador Pastor Alape es el delegado del partido FARC en el Consejo Nacional de Reincorporación y el coordinador de la colectividad en Antioquia. Desafortunadamente, en el municipio de Ituango se han registrado dos asesinatos en los últimos dos meses. El homicidio de Darío Herrera y Manuel Antonio González, avivó la zozobra y el miedo de los exguerrilleros ubicados en el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación de la vereda Santa Lucía, de esa zona. Por ello, de los 89 excombatientes que habitan allí, más de 60 están dispuestos a desplazarse por falta de garantías de seguridad. Tenemos en el Centro Nacional de Memoria Histórica a Rubén Darío Acevedo, una persona que no reconoce el conflicto armado. Y ahora tenemos a Nancy Patricia Gutiérrez, una mujer que dice que el Acuerdo es«semifallido», en un cargo con una responsabilidad determinante ahora que la violencia está creciendo comparada con 2018. Y esa violencia se ha dado por falta de un compromiso mayor por parte del Gobierno en la implementación de lo pactado. El Gobierno insiste en que se está implementando la Paz con Legalidad y diferentes programas para la protección de los excombatientes, a la par del acompañamiento que brinda la Unidad Nacional de Protección. Pero las muertes están en aumento y hay miedo. ¿Dónde está el error para asegurar la vida de los exguerrilleros? Nosotros planteamos que se requerían transformaciones estructurales y en ese sentido, el Acuerdo establece unos puntos en concreto, como el pacto político nacional, los pactos regionales con los que el Gobierno debía comprometerse para darle un giro al discurso de los sectores de poder. Eso es lo que estamos reclamando. Entonces, pueden ser buenas personas Stapper y Archila, pero el problema es la política del Gobierno que no está respondiendo a las necesidades de los territorios para la implementación del Acuerdo y la construcción de paz. ¿Hay fecha para definir la nueva figura de los antiguos ETCR? En el Consejo Nacional de Reincorporación, la manifestación que han hecho los funcionarios del Gobierno es que se va a definir la figura. Pero de ahí no se ha avanzado en torno a eso ni a concretar una política pública para la reincorporación. ¿Cómo está la situación en la vereda Santa Lucía, en Ituango, donde se anunció que más de 60 exguerrilleros aceptaron el traslado del ETCR? Tenemos una situación muy crítica, principalmente en Ituango. Allí se suman 12 compañeros asesinados y eso ha generado una decisión de la mayoría de la comunidad de desplazarse, hacer un traslado del territorio, dado a que el Gobierno no ha sido capaz de garantizar la seguridad. El Gobierno afirma que ha brindado garantías de vida y para la reincorporación en Ituango. ¿Qué opina de eso? El gobierno y sus funcionarios pueden decir muchas palabras positivas, pero se estrellan con una realidad: es imposible decirle a un ciudadano en Ituango que hay garantías de seguridad cuando llevan dos muertos en los dos últimos meses.
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Videos y Medicina Legal, claves para probar que médico actuó en legítima defensa
Después de conocer la versión del profesional que accionó su arma, abogados penalistas aseguran que, el material probatorio será lo que defina el futuro de este caso: precluir o imputar cargos. Fiscalía tendrá que analizar si se cumplen condiciones que exige la justicia.
La defensa declaró, "el médico disparó las nueve balas de la pistola". Getty Images
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Todo ciudadano que se sienta en inmiente peligro, tiene el derecho a defenderse. Esta es, en esencia, la legítima defensa, consagrada en el artículo 32 del Código Penal. Y por lo conocido hasta el momento del caso del médico que, en la noche del pasado 30 de enero, asesinó con su arma de fuego a tres hombres que supuestamente pretendían secuestrarlo, tal parece que la premisa se cumple. De ahí que su caso haya despertado la solidaridad de algunos ciudadanos. Sin embargo, es importante resaltar que independiente de las condiciones en las que ocurra un homicidio, las autoridades están en la obligación de investigar. En este caso la Fiscalía tendrá que aclarar, más allá de toda duda, si la forma como que procedió el profesional de la salud era la única alternativa que tenía para salvar su vida.
La versión que se conoce hasta el momento es que esa noche, cuando él cruzaba el puente peatonal de la carrera novena con calle 123, lo alcanzaron tres hombres que, no solo lo atacaron con arma blanca y le pegaron con la cacha de un arma en la cabeza, sino que pretendian raptarlo y llevárselo en un carro. Él, quien portaba un arma legal, relató a través de su abogado que lo único que hizo fue defenderse. Producto de su reacción, los tres sujetos quedaron tendidos sobre el puente puente. Aunque el médico, tras el enfrentamiento huyó del lugar, al día siguiente asistió a la Fiscalía para rendir su testimonio.
La declaración del médico, de cierta manera, se ha visto reforzada por las declaraciones que ha dado la Policía, en las que ha divulgado que los fallecidos tenían anotaciones judiciales e investigaciones por varios delitos, entre ellos, hurto. Incluso, algo que ha aumentado la indignación ciudadana, es que supuestamente los tres aparentemente pertenecían a una banda de delincuentes que tenía azotada la zona; que habían sido detenidos días antes de los hechos, y que un juez los habia dejado en libertad.
Todo esto ha servido para generar un ambiente de respaldo al médico, que refleja la aceptación de la mayoría de ciudadanos frente a la legítima defensa. No obstante, alrededor de este caso aún existen una serie de vacíos e interrogantes por resolver, que debe resolver la Fiscalía como ¿Cómo supo que lo iban a subir a un carro si el episodio ocurrió sobre el puente peatonal? o ¿por qué no acudió esa misma noche ante las autoridades, después del suceso?
Para lograrlo, tendrá que reunir las evidencias suficientes, apoyarse en los videos de las cámaras de seguridad y el dictamen de Medicina Legal, para hacer un riguroso examen juridico del caso y establecer el futuro del proceso: la preclusión o la imputación. Para hacerlo tendrá que analizar si la actuación del profesional en salud cumple las concidiones que ha fijado la jurisprudencia. De acuerdo con el abogado penalista César Gúzman, “en este momento es apresurado asegurar si fue en legítima defensa o no. Eso solo nos lo van a decir las pruebas judiciales”.
Las evidencias podrán corroborar o no la versión del médico. Además, arrojarán detalles de lo sucedido aquella noche y que se desconocen hasta ahora, como la prueba balística, elementos que revelarán el tipo de muerte, las particularidades de las heridas, la distancia y circunstancias en las que el médico activó su arma. Frente a esto, según la Revista Semana, fuentes judiciales habrían confirmado que los disparos fueron a corta distancia y de frente, lo cual descartaría la teoría que el ataque fue por la espalda o premeditado. Aún así, el ente de medicina forense deberá confirmar estas afirmaciones.
Aunque basado en el único testimonio parece simple justificar la reacción del galeno, probar que fue en defensa propia o de un tercero no será tan fácil. Según jurisprudencia de la Corte Suprema, no basta con probar que el delito se cometió en respuesta a una situación de peligro. Para los magistrados, se deben probar cinco requisitos para demostrar la legítima defensa: que se trató de una reacción a una agresión intencional que lo ponía a él o a otro en peligro; que la amenaza estaba en curso y debía protegerse; que era necesaria para impedir el ataque; que la defensa fue proporcional, tanto en especie de bienes y medios, y que el episodio no fue producto de una provocación previa para luego alegar legítima defensa (como en el caso de las riñas).
De acuerdo con el abogado Gúzman, el video de aquella noche será determinante para este caso. Según el penalista, las imágenes captadas por las cámara de seguridad del sector proporcionarán un contexto real y objetivo de lo ocurrido la noche de los hechos. Ese video, “prueba o testigo silente”, como lo definió la Corte Suprema de Justicia, esclarecerá si hay lugar a formular imputación por los homicidios o si en defintiva fue legítima defensa.
En cuanto al principio de la proporcionalidad, la Corte Suprema de Justicia definió que esta “no se determina exclusivamente por la correspondencia de los medios que se utilicen”, es decir, si me atacan con un cuchillo debo defenderme con un cuchillo. El alto tribunal aclaró que, habrá casos en los que, por la notoria inferioridad de la persona en tamaño o en número respecto a quien o quienes la agreden, puede que esta acuda a instrumentos (armas) que “desde una óptica netamente objetiva no resulten similares o equivalentes a los que se utilizan en su contra”.
El debate, ante todo jurídico, sobre legítima defensa tiene diferentes caras. Si bien cada caso es único, cabe recordar un par de casos en los que se argumentó este derecho. Hace dos años, también el 30 de enero pero del 2018, Mario Muñoz, un guardaespaldas adscrito a la Unidad de Protección (UNP), le causó la muerte a uno de los dos sujetos que habían herido a una mujer, en el norte de Bogotá. Un caso similar protagonizó Richard Muñoz, el 10 de agosto de 2019, cuando asesinó al hombre quien le causó la muerte a su esposa. Finalmente, en ambas ocasiones, la Fiscalía optó por la preclusión de los casos y los dos Muñoz quedaron en libertad.
Del caso del médico, que es el que reaviva el debate, hasta el momento apenas se conocen algunas piezas del tablero y versiones que deberá confirmar el ente acusador. Solo la Fiscalía tiene la potestad de dirigir este caso y argumentar si el médico actuó o no en legítima defensa. Lo último que se conoce, es que Hernando Benavides (abogado defensor) ya solicitó al fiscal encargado que pida la preclusión caso ante un juez de conocimiento, para que se zanje, al menos en lo jurídico, este debate.
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